_{Por Geni Fundes Buleje – Gerente de la Central Café & Cacao del Perú}

Este último viernes 21 de julio, con la firma de la presidenta de la república, Dina Boluarte, se publicó el Decreto Supremo con el reglamento de la Ley N° 31335, “Ley de Perfeccionamiento de la Asociatividad de los Productores Agrarios en Cooperativas Agrarias”, que busca fortalecer la asociatividad bajo el modelo cooperativo.

La legislación aprobada busca reemplazar a la Ley General de Cooperativas – Decreto Supremo Nº 074-90-TR, aún vigente hasta hoy, pero no reglamentada. Los cooperativistas, consideramos que con esta legislación se inicia una ruta de apoyo institucional, luego de tres décadas que el modelo cooperativo fue considerado ineficiente por funcionarios del Estado.

Los efectos de una deuda pendiente

Durante mucho tiempo, existió una deuda pendiente del Estado con el sector cooperativo. La implementación de la referida ley y su reglamentación es un justo reconocimiento a la gran contribución de las cooperativas al desarrollo del sector cafetalero y cacaotero nacional. La ley es un avance hacia el fortalecimiento de la asociatividad, una oportunidad para las más de dos millones de familias dedicadas a la agricultura y ganadería en nuestro país.

La no reglamentación de la Ley General de Cooperativas afectó significativamente el crecimiento del cooperativismo, teniendo a la Sunat como principal detractor, al auditarlas bajo la Ley General de Sociedades. Esto resultó en sanciones y multas millonarias que perjudicaron a muchas cooperativas a nivel nacional; algunas se extinguieron, otras se debilitaron y otras han fraccionado sus pagos en diez a quince años y hasta ahora siguen pagando sus deudas tributarias. Un ejemplo de ello, fue lo sucedido a la Cooperativa Agraria Cafetalera Valle Río Apurímac (CACVRA), que reúne a más de 1,200 socios cafetaleros que operan en el Valle del Río Apurímac y Ene (VRAE), una zona con presencia de narcotráfico y terrorismo. CACVRA fue multada por la Sunat al no bancarizar sus operaciones, allá por el año 2010.

Como en la zona no existen bancos, los productores para recibir los pagos por la entrega de su café, debían viajar a Ayacucho, a ocho horas de sus fincas, para que, según la norma, tramiten su cheque de pago en un banco; mientras las empresas privadas operan en la zona a través de su red de acopiadores informales (“grillos” o “coyotes”); el resultado, una multa de 2 millones de soles. Para pagar su deuda, la cooperativa tuvo que vender su terreno en Ayacucho, y a pesar de eso, se quedó con un saldo de deuda que tuvo que fraccionar para pagarlo en diez años. Hoy, la cooperativa aún no se recupera de semejante atropello, se encuentra en una situación complicada y casi en extinción.

Una cooperativa, que en sus mejores años llevó café y cacao orgánico – Fair Trade de sus socios a los mercados más exigentes del mundo y que fue impulsor del desarrollo con economías lícitas en una zona convulsionada por el narcotráfico y terrorismo, simplemente fue golpeada y casi desaparecida por el Estado. Esto es solo una muestra, hay más en otras regiones cafetaleras.

La contribución de las cooperativas al desarrollo del país

Si queremos ver la contribución del cooperativismo al desarrollo agrario, las cooperativas de café y cacao son un ejemplo; gracias a ellas el Perú es el primer país exportador de café orgánico y segundo en cacao orgánico; las cooperativas son plataformas de innovación que agregan valor al producto, son impulsores de la industria de café y cacao que desarrollan el consumo interno, promotores de la mejora continua de la calidad. Hoy hablamos de cafés especiales, donde Perú, viene ganando posición en la industria en el mundo, también de cacao fino de aroma que viene escalando posiciones en la industria de chocolates. Las cooperativas generan desarrollo en las regiones, promueven economías lícitas y son un instrumento que contribuye al desarrollo económico de las familias productoras.

Vale hacer una aclaración de las diferencias entre cooperativas y empresas, las cooperativas son sociedades de personas que tienen un objetivo común: hacer volumen para exportar o comercializar sus productos, tratando de obtener los mejores precios en beneficio de sus socios; entre el socio y su cooperativa no hay una transacción comercial, por lo tanto, no se genera renta. Por otro lado, las empresas son sociedades de capitales cuyo objetivo principal es el lucro, generan renta y deben pagar impuestos. Ambos modelos son válidos y en diversos países funcionan muy bien y tienen sus propios espacios. Sin embargo, en el Perú, por más de treinta años, la Sunat no tomo en cuenta estas diferencias y auditó a las cooperativas como si fueran empresas, lo que generó un perjuicio al movimiento cooperativo.

Con la aprobación de la Ley de Cooperativas y su reglamentación, el cooperativismo agrario entra a un nuevo escenario y esperamos que esta vez el Estado sí acompañe a este sector en una ruta de crecimiento y fortalecimiento, en la construcción de estructuras sólidas, que organice la oferta de los productores, canalicen sus productos al mercado externo e interno con valor agregado y que, finalmente, genere rentabilidad en el agro en beneficio de los miles de familias agrarias.

Significativo avance

Si bien la Ley, no alcanza a las Centrales de Cooperativas, como si lo hace la Ley General de Cooperativas (artículo 57), ya que el alcance, es solo para cooperativas de primer grado; la aprobación del reglamento, es un gran avance para el sector, pues brindará a los productores las herramientas que requieren para generar institucionalidad, al menos eso esperamos.

Pese a ello, consideramos que aún es insuficiente, si comparamos con los beneficios que reciben las empresas agroexportadoras: Ley de régimen laboral especial, con beneficios sociales de forma parcial para los trabajadores; Drawback, permite obtener la devolución del 3% del valor FOB; depreciación acelerada, que permite la disminución de utilidades para el pago de menos impuestos.

Cabe recordar que la Ley 31335 fue aprobada por unanimidad por el Congreso de la República el 2 de julio de 2021 y promulgada el 10 de agosto de ese mismo año. Con la ley, se crea también el Consejo Nacional de Cooperativas Agrarias (Conaca), que se encargará de la coordinación, planificación, fomento e investigación de la actividad cooperativa agraria de usuarios en el país, y del Registro Nacional de Cooperativas Agrarias.

Según el reglamento aprobado el 21 de julio, las cooperativas que quieran acogerse a la Ley 13335 deben estar inscritas en el Registro Nacional de Cooperativas Agrarias a cargo del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI).